(Tomado de Latercera.com)
“La abuela”, “las tías”, “las hijas” y “las nietas” eran, según denunciantes, los apelativos que se asignaban los miembros de “La Familia”, un supuesto grupo formado por 14 párrocos de la Región de O’Higgins que fue dado a conocer por un reportaje emitido por Canal 13, que recogió las declaraciones de una mujer vinculada a labores de la Iglesia Católica en esa región. Según su versión, los religiosos habrían cometido conductas sexuales impropias.
La denuncia se dio a conocer públicamente hace un año, en mayo de 2018, mientras el Papa Francisco había citado a la Conferencia Episcopal en pleno al Vaticano con el fin de abordar la crisis por los abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Chile. En esa ocasión, como un acto inédito, todos los obispos pusieron su cargo a disposición del Pontífice.
La renuncia del titular de la diócesis de Rancagua en ese entonces, Alejandro Goic, no tardó en llegar y fue aceptada casi un mes después, el 28 de junio.
Si bien las razones de por qué se le aceptó la dimisión a un obispo no son explicadas por el Vaticano, y Goic ya había cumplido el tope de 75 años para ejercer ese cargo, una de las interpretaciones que más resonó fue que habría influido el destape de la supuesta “Cofradía“. La denunciante afirmó públicamente que acudió en cuatro ocasiones ante la autoridad religiosa, pero no se abrió una indagatoria.
Conocidos los antecedentes, el Ministerio Público inició una investigación penal que se ha extendido durante nueve meses. Tras ese lapso, más de la mitad de los sacerdotes mencionados en el caso han sido sobreseídos.
En tanto, la Iglesia también abrió 14 investigaciones previas, y en siete de ellas se estableció que los hechos no eran verosímiles.
Una investigación sin víctimas
En agosto, quien lideraba las causas sobre los miembros de la Iglesia acusados por abusos, el suspendido fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, fue quien asumió la indagatoria contra los 14 sacerdotes. A la fecha, la investigación no registra la existencia de ninguna víctima de abusos ni se ha podido establecer que hubiera una asociación ilícita.
De momento ya hay siete sacerdotes sobreseídos por el Juzgado de Garantía de Pichilemu, uno de ellos con decisión de no perseverar. En tanto, la defensa de los religiosos pidió una audiencia para solicitar el sobreseimiento de los seis casos restantes. La causa fue trasladada, luego de que se apartara a Arias de sus funciones, a la Fiscalía Centro Norte.
Víctor Providel, jefe de Estudios regionales de la Defensoría de O’Higgins, describió que la indagación iniciada por el Ministerio Público “comienza como una supuesta asociación ilícita integrada por miembros de la Iglesia Católica de la Región de O’Higgins amparada por las redes de protección más alta de la Iglesia”. Luego fueron autorizadas una serie de medidas intrusivas, como el seguimiento de los sacerdotes, uso de agentes encubiertos, interceptación y grabación de conversaciones telefónicas, junto al levantamiento del secreto bancario, entre otras.
No obstante, apunta el defensor, pese a todas estas medidas la fiscalía no pudo determinar ni la existencia de la alegada asociación ilícita, ni que hubiera víctimas. “El Ministerio Público en las audiencias respectivas comenzó a reconocer que no existe la ‘Cofradía’, que no existía asociación ilícita”, recalcó.
Siete párrocos reincorporados
El 22 de mayo pasado, cuando Goic aún presidía la diócesis de Rancagua y el caso había llegado a los medios, el prelado determinó abrir investigaciones previas –que en la Iglesia se inician con el fin de establecer la verosimilitud de los hechos- contra 14 sacerdotes pertenecientes al obispado local, a los que suspendió del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Las acusaciones contra los presbíteros aludían a conductas “reñidas con su investidura”. Algunas iban desde tener hijos mientras ejercían el sacerdocio hasta un supuesto grupo coordinado de sacerdotes para presuntamente encubrir abusos a menores de edad.
La Tercera consultó a la diócesis de Rancagua respecto del estado de las investigaciones canónicas. En detalle, desde el obispado de Rancagua informaron que uno de los sacerdotes, Fernando Armijo, falleció.
En tanto, hay siete casos de presbíteros que fueron reintegrados a sus funciones, luego de que la indagatoria previa concluyera que los hechos denunciados no eran verosímiles. Se trató de los casos de Aquiles Correa, Gino Bonomo, Sergio Farías, Hugo Yáñez, Robinson Piña, Ernesto Castro y Miguel Riveros.
También hubo tres casos en que luego de que se presentaran las acusaciones en su contra, los religiosos pidieron al Papa Francisco la dimisión del estado clerical, lo que fue aceptado por el obispo de Roma. En estas investigaciones, los hechos fueron considerados verosímiles y sus casos fueron enviados al Vaticano. Es la situación de Héctor Fuentes, Freddy Gorigoitía y Luis Rubio.
De momento, existen tres investigaciones previas que no han concluido. Es el caso de los sacerdotes Óscar Zúñiga, Pablo Donoso y Cristián Catalán.
