Hermanos en Jesucristo:
Uno de los signos del radical cambio de paradigma social representado por el proyecto constitucional es el derecho al aborto libre, sin establecer límites de tiempo ni causales.
El Artículo 16 dice: «Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos… El Estado garantiza el ejercicio” estos derechos, entre ellos la «interrupción voluntaria del embarazo». «Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones».
Habrá divergencia de interpretación, pero todos coinciden en que el proyecto establece que el aborto es un derecho y que el Estado debe asegurarlo.
A raíz del “derecho al aborto”, los obispos dicen que “pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos den su aprobación a la Constitución” (16.03.22).
También San Juan Pablo II dijo: “El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. (…) En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto” (EV 73).
Para todos quienes reconocemos la existencia de una persona, de una vida humana, desde el instante de la concepción de un niño, es imposible aprobar un texto jurídico que autorice el aborto y lo establezca como un derecho, pues es aprobar un crimen abominable (Vaticano II, Gaudium et spes, 51).
Quienes estamos por la promoción de la mujer según el plan de Dios, la defensa de sus legítimos derechos y el rechazo a toda injusta discriminación no podemos sino estar a favor del niño por nacer, el más débil, indefenso e inocente de la sociedad.
Mons. Francisco Javier Stegmeier.
Obispo de Villarrica.