25 de julio de 2020, Villarrica.
Durante las últimas semanas se dio a conocer por medios de comunicación que el Juzgado de Letras de Panguipulli acogió una demanda contra la Diócesis de Villarrica, por un supuesto fraude en el contrato de arrendamiento de un terreno en el sector de Coñaripe.
Se trata de un contrato de arrendamiento entre el Vicariato Apostólico de la Araucanía y la familia mapuche Antimilla Caupan, firmado el año 1989, sobre un terreno de una superficie de 1,0375 hectáreas (10.375 metros cuadrados).
La Diócesis de Villarrica tiene hasta el martes 28 de julio para apelar a esta sentencia. Al respecto, informa:
- Que apelará la sentencia, sin descartar hacer entrega del terreno en forma consensuada y sin reconocer en absoluto algún tipo de fraude o ilegalidad, pues no la hubo ni la hay.
- Que la sentencia no se hace cargo de ninguno de los argumentos presentados por la Diócesis, los que a continuación se resumen:
2.1 La terminación de un contrato de arrendamiento implica que una de las partes incumplió alguna de sus obligaciones que emanan del mismo contrato, circunstancia que no se verificó en la especie.
2.2 El contrato se celebró cumpliendo todos los requisitos del arrendamiento, existiendo una cosa arrendada, un precio fijado y consentimiento de las partes.
2.3 Cabe recordar que el contrato de arrendamiento es consensual, por lo que se entiende perfecto con el solo acuerdo de las partes.
2.4 La demanda pretendía anular el contrato de arrendamiento, en circunstancias que toda acción de nulidad en contra de dicho contrato se encontraba prescrita hace ya varios años.
2.5 Los contratos se encontraban plenamente vigentes a la época de la demanda.
2.6 No se invocaron peticiones de nulidad del contrato de arrendamiento, aun cuando es claro que lo que se pretendía era eso, circunstancia que se extrae de pasajes de la demanda como cuando indican que el contrato sería simulado o moralmente imposible.
2.7 En aquel entonces se celebraron dos contratos, y para ambos casos no se solicitó la nulidad de ninguno de ellos.
2.8 La entrada en vigencia de la ley 19.253 no puede tener el efecto de dejar sin efecto o anular los contratos legalmente celebrados conforme a la ley anterior, de hecho la ley no los declara nulo.
La demanda por fraude a la ley es una acusación seria, que supone en el demandante asumir la responsabilidad de su recriminación.
¿Por qué apelaremos? No por el terreno, del cual haremos entrega en forma consensuada. Nosotros seguiremos con la demanda porque queremos demostrar que nunca hemos cometido un delito. Siempre se actuó en conformidad con la Ley y con buena voluntad. En definitiva, corresponde defendernos de la pretensión de actuar al margen de la ley.
La Diócesis de Villarrica manifiesta su compromiso y disposición de colaborar con responsabilidad en el proceso, a favor de la verdad y la justicia para todos los involucrados.
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