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Reflexión de Mons. Stegmeier: Incoherencia en los derechos humanos

Hermanos en Jesucristo:

Ciertos delitos no son considerados una violación a los derechos humanos, pero otros delitos, aunque sean menos graves, sí son considerados como una violación a esos derechos. Así, ¿por qué los violentistas podrían ser acusados de terroristas, pero no de violadores de los derechos humanos, en cambio, un policía, aún en el cumplimiento de su deber, sí podría ser acusado de violarlos?

Se nos responde que, jurídicamente, la violación a los derechos humanos no se define a partir de la persona lesionada, sino de la acción del Estado que lesiona sus derechos a través de sus agentes que actúan autorizadamente en su nombre. Por ejemplo, si una persona ataca a un representante y garante del orden público, y éste reacciona defendiéndose desproporcionadamente con el uso de la fuerza, podría ser acusado de atentar contra los derechos humanos de su atacante, aún si éste cometió un delito.

Según esta postura, esto es así porque el Estado es el encargado de garantizar los derechos humanos y por eso solo puede violarlos aquel que tiene que velar por su respeto.

Aceptando la validez de esta doctrina, el problema surge cuando el Estado y el Derecho se arrogan la pretensión de definir ellos qué es la persona humana y cuáles son sus derechos. Esto no les compete. En caso contrario, el Estado deja de estar al servicio del hombre y pasa a ser un totalitarismo usurpador de la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales. Es lo que pasó con el Estado nazi y sigue pasando con los Estados comunistas y el liberalismo ideológico democrático.

El deber del Estado es reconocer la realidad de que todo hombre y mujer es persona, creada a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad que ha de ser siempre respetada. Esto ciertamente incluye al niño por nacer. El Papa Francisco ha dicho que el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos. Abortar es matar a quien no puede defenderse”.

El aborto legal es sin duda una violación de los derechos humanos en sentido estricto, porque es el Estado quien lo practica a través de sus órganos. La maquinaria estatal está puesta al servicio del asesinato en masa de niños, con el respaldo de una ley aprobada por el Parlamento y promulgada por la Presidenta de la República, con financiamiento público y practicado por funcionarios dependientes del Gobierno.

De ahí la incoherencia y la falta de credibilidad de quienes defienden a ultranza los derechos humanos y, a la vez, promueven la legalización del aborto por todos los medios posibles. En el Mes de la Patria, tenemos que renovar nuestra lucha por el derecho a nacer de todos los niños, sin excepción.

+ Francisco Javier

Obispo de Villarrica