Chile enfrenta una grave crisis carcelaria, que afecta tanto a internos como a gendarmes. Visitar una cárcel significa adentrarse en ambientes verdaderamente denigrantes para la dignidad de toda persona humana, comenzado por el hacinamiento. Al preguntar a IA el porcentaje de sobrepoblación penal hoy en Chile, responde: “Las cárceles en Chile cerraron el 2025 con una sobrepoblación penal cercana al 47%, superando las 62.000 personas privadas de libertad para una capacidad diseñada de aproximadamente 43.000 plazas. Esta crisis de infraestructura presenta situaciones críticas con niveles de ocupación que superan el 300% en algunos penales”.
Esto significa pasar más o menos quince horas encerrado con un número de personas que exceden por mucho la capacidad de una celda. No hay suficientes camas, la falta de ventilación vicia el aire, hay problemas de higiene, plagas de ratones e insectos. Algunas celdas no tienen servicios higiénicos y agua. Podemos imaginar cuántos otros problemas se pueden dar.
Pero más allá de la infraestructura, lo más grave es el deterioro de las relaciones humanas y de su calidad moral. Aquí también nos podemos imaginar a qué niveles de degradación se puede llegar. Las actuales condiciones carcelarias no favorecen la rehabilitación de los internos, sobre todo pensando en su reinserción en la sociedad una vez cumplida su condena. Toda pena aplicada a un delincuente por la legítima autoridad después de un debido proceso, “además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal: en la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable” (Catecismo de la Iglesia Católica 2266).
Pero pasa lo contrario. Más bien el sistema carcelario chileno propicia la corrupción del interno, más que su redención. Es una emergencia que todos, como sociedad, hemos de afrontar. La Iglesia tiene mucho que hacer al respecto, toda vez que nuestro Señor quiso identificarse con los presos: “Estuve en la cárcel, y vinieron a verme” (Mt 25,36). Pero también el Estado, la empresa privada y muchas otras instituciones.
Particular atención hay que prestar a los presos jóvenes y primerizos, para que la cárcel no se convierta para ellos en una “Universidad” del delito. Debería ser al revés. Las Universidades deberían entrar para capacitar a estas personas en oficios e, incluso, ofrecerles la posibilidad de sacar una carrera.
Y también hay que preocuparse de los internos gravemente enfermos, terminales y ancianos. Para ellos es indigno pasar los últimos días de su vida en las condiciones carcelarias ya descritas. Por eso, va en la línea correcta el proyecto de ley que propone alternativas distintas a la cárcel para estas personas, como ya es una realidad en muchos países desarrollados.
