El documento “Dignitas infinita” hace ver que actualmente casi toda la gente comparte el rechazo a la mayoría de las violaciones a los derechos humanos. Todos estamos de acuerdo que es contrario a la dignidad de la persona vivir en condiciones materiales miserables, ser víctima inocente de guerras, sufrir injusta discriminación por ser migrante, el tráfico de personas y esclavitud, ser abusado y la violencia contra la mujer.
Pero como la dignidad de la persona se fundamenta en la verdad de ser ella imagen y semejanza de Dios y no de las ideologías de moda, también es violar los derechos humanos aquello que no todos comparten. Es el caso del aborto.
En efecto, “la Iglesia no cesa de recordar que «la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra».Sobre la base de este valor intangible de la vida humana, el magisterio eclesial se ha siempre pronunciado contra el aborto. Al respecto escribe san Juan Pablo II: «entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso»”.
Aunque en la actualidad no se lo reconozca en el derecho internacional y nacional, el aborto legal es una violación a los derechos humanos. Se define que “la violación a los derechos humanos es aquella acción u omisión indebida realizada por un servidor público, o con su anuencia, por la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos fundamentales” de la persona.
El niño por nacer es realmente una persona humana, como lo es un joven, un adulto y un anciano. Si el Estado, a través de sus leyes y/o funcionarios, asesina a alguien comete una violación de los derechos humanos. Es el caso del aborto, pues es una ley de la República, muchos de quienes lo practican son funcionarios del Estado y se financia con recursos públicos.
Así como hoy condenamos la esclavitud y el genocidio judío, las generaciones futuras se preguntarán cómo fue posible que la sociedad promoviera el “crimen abominable” del aborto legal. La “defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno” (47).
